Dado que el Imserso debe poner en marcha próximamente la licitación de los servicios de organización, gestión y ejecución de un Programa de Turismo Social para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas, el CERMI ha remitido una carta a la directora del Imserso, Carmen Balfagón. En ella, recuerda que los pliegos deben recoger la exigencia de accesibilidad universal de los bienes turísticos elegidos, como los hoteles; medios de transporte; apoyos a la movilidad y la autonomía personal de las personas beneficiarias, y los procedimientos establecidos.

 

Con la nueva Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, si se aprobara una licitación del Imserso en esta materia del turismo social sin garantía plena de accesibilidad, sería anulable por ser gravemente ilegal.

 

A juicio de la plataforma representativa de la discapacidad organizada en España, es crucial que se use la contratación pública como herramienta para la maximización de valores sociales como la inclusión en la comunidad, el empleo decente y la accesibilidad universal, cuestiones todas ellas que la nueva legislación en materia de contratación pública (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) no solo refuerza, sino que torna en muchos casos preceptiva y obligatoria.

 

Para el CERMI, más allá de las exigencias legales, que también son de carácter internacional al haber ratificado España la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no sería de recibo que el Imserso ponga en marcha una serie de viajes no accesibles, discriminando a las personas con discapacidad.

 

Es algo que no se puede aceptar en ningún ámbito, pero es que además, hay que tener en cuenta que una parte muy importante de las personas con discapacidad son mayores. En todo caso, el CERMI muestra su confianza en que no habrá dificultades y que el programa de viajes será plenamente accesible para todas las personas con discapacidad.